1.5. El bienio progresista (1854-1856)

 En 1854 se produjo el levantamiento militar progresista en la localidad madrilena de Vicálvaro/(por lo que se conoce como Vicalvarada), aunque inicialmente no prosperó por la oposición de las tropas gubernamentales. Con la intención de sumar aliados progresistas, los sublevados publicaron un texto programático redactado por Cánovas del Castillo y firmado por O'Donnell, el Manifiesto del Manzanares; que recogía varias reivindicaciones del progresismo, como una mayor libertad de imprenta, la ampliación de la ley electoralio el restablecimiento de las milicias nacionales.La proclama tuvo eco en diversas capitales de provincia, que se sumaron abiertamente a la revuelta. Forzada por la situación, Isabel II solicito al general Espartero, por entonces retirado de la política, que formase Gobierno. En este nuevo Gobierno progresista presidido por Espartero, el general O'Donnell ocupó el Ministerio de Guerra.Una de las primeras medidas del Gobierno fue la restauración de la Constitución de 1837, mientras se reunía una comisión para la redacción de una nueva carta magna más progresista. El proyecto de la nueva Constitución reconocía una soberanía nacional de la cual tenían que derivar todos los poderes públicos, ampliaba los derechos públicos y aceptaba la práctica de otras religiones siempre que no atentasen contra la fe católica. Además, planteaba una nueva ley municipal que acabara 185 con la designación de alcaldes por parte de la Corona. En cualquier caso, esta Constitución, que debía ser aprobada en 1856, finalmente no resultó promulgada, pues las Cortes constituyentes fueron clausuradas en septiembre de dicho año por Isabel Il a petición de O'Donnell; de ahí que sea conocida como la «non nata».( constitución no publicada.Una importante medida legislativa del período fue la puesta en marcha de la desamortización impulsada por Pascual Madoz, en mayo de 1855. Este proyecto fue denominado desamortización total, puesto que afectaba tanto a los bienes civiles como a los religiosos. Los objetivos eran el saneamiento de la maltrecha Hacienda pública y la obtención de capital para el desarrollo del ferrocarril, y no tanto conseguir una mejor distribución de la propiedad de la tierra. Solo tuvieron acceso a los grandes lotes subastados individuos potentados y en ningún caso el pequeño campesinado, que vio empeorar su situación, por lo que se acrecentó su malestar. La desamortización tampoco fue vista con buenos ojos ni por los municipios ni por la Iglesia, que consideró que vulneraba el Concordato de 1851.Por otra parte, mediante la nueva ley general de ferrocarriles aprobada en 1855, se reforzó la construcción de una red radial de vías férreas,con centro en Madrid, mediante un sistema de subvenciones, concesiones y franquicias para la importación de materiales. Esto se tradujo en un gran incremento de inversiones de origen extranjero, especialmente francesas, que en apenas cinco años, entre 1855 y 1860, multiplicarian por tres el número de kilómetros de vías.Finalmente, la coalición de gobierno entre Espartero y O'Donnell entro en crisis por el enfrentamiento de este último con el ministro de Gobernación Patricio de la Escosura, que desconfiaba del general. La disputa acabó en junio de 1856 con la dimisión de Espartero y una fuerte reacción de protesta protagonizada por sus partidarios en Madrid, Barcelona y Valencia. O'Donnell, desde el Ministerio de Guerra, promovió una feroz represión contra los contestatarios y después, el 14 de julio, encabezo un nuevo pronunciamiento para restaurar el moderantismo.