1.INTRODUCCIÓN

 En el reinado de Isabel Il se distinguen dos etapas. La primera es la de las regencias de Maria Cristina (1833-1840) y Baldomero Espartero (1840-1843), a la que siguió la del reinado efectivo de la hija de Fernando VIl. Algunos de los ejes políticos que condicionaron todo el período fueron la complicada dialéctica entre moderados y progresistas, la reivindicación carlista y el papel preponderante del ejército.

1.1. Partidos y dinámica política

 La ideología liberal o liberalismo fue la corriente política mayoritaria en España durante el período isabelino. Dentro del liberalismo pueden distinguirse dos grandes tendencias: la moderada y la progresista. Sus diferencias internas en ocasiones provocaron escisiones, como la del Partido Demócrata (1849) en el sector progresista. Por otra parte, la voluntad de converger hacia postulados moderados y progresistas dio lugar a la formación Unión Liberal (1854).Los partidarios del liberalismo moderado formaban parte de los sectores burgueses industriales beneficiados por las desamortizaciones, la aristocracia latifundista, los comerciantes, los financieros y los militares de alta graduación. El liberalismo moderado contó con el claro apoyo de la Corona. Defendía una soberanía compartida entre esta y las Cortes, con amplias atribuciones políticas para el monarca, como la posibilidad de destituir al jefe del Gobierno, disolver las cámaras del Parlamento y ejercer el veto. Además, era partidario de un sufragio censitario altamente restrictivo.El liberalismo progresista, integrado por la pequeña burguesía; los artesanos y los militares de menor rango) reivindicaba la soberanía nacional plena. La Corona debía abstenerse de participar de forma directa en asuntos políticos. Defendía un sufragio censitario menos restrictivo que el de los moderados, la libertad de imprenta y la formación de milicias nacionales para mantener el orden público.

En 1849, los sectores más radicales del progresismo fundaron el Partido,Demócrata. Esta formación, influenciada por el krausismo, defendía el sufragio universal masculino y políticas de laicización del Estado,como el alejamiento de la Iglesia del ámbito de la educación y las desamortizaciones de bienes eclesiásticos. Igualmente, propugnaba los derechos individuales y la libertad de prensa.La Unión Liberal fue un proyecto político impulsado en su origen por el general Leopoldo O'Donnell, a partir de 1854. Como resultado de la confluencia de ideas moderadas y progresistas, esta formación defendía la armonización de los conceptos de libertad y orden para renovar la política de España.Durante la época isabelina, la vida política estuvo determinada, en términos generales, por la inestabilidad, como pusieron de manifiesto la escasa duración de los Ejecutivos y la constante intervención de la Corona y del ejército en el nombramiento y la destitución de los Gobiernos. Entre 1833 y 1868 se sucedieron más de cincuentas Gobiernos. En estos cambios influyó mucho más la decisión del monarca de reemplazar a los presidentesque los equilibrios parlamentarios derivados de los resultados electorales.En este sentido, con el apoyo de la Corona al liberalismo moderado y un sistema electoral restringido, corrupto y afectado en gran medida por redes caciquiles, el liberalismo progresista solo tuvo la posibilidad de acceder al poder cuando el descontento popular cristalizó en revueltas y pronunciamientos militares, gracias al hecho de que muchos altos mandos militares, en un contexto de guerras contra el ultraconservadurismo del carlismo, eran partidarios de los progresistas.

1.2. La regencia de María Cristina (1833-1840)

 Al morir Fernando VIl, heredó el trono su hija Isabel, de solo 3 años. Por este motivo, las responsabilidades de la Corona recayeron de manera temporal en su madre, María Cristina de Borbón. La regente buscó el apoyo de los liberales moderados, puesto que los partidarios del absolutismo y del Antiguo Régimen se habían alineado con el pretendiente al trono Carlos María Isidro, hermano del monarca fallecido. En sus ansias de suceder a Fernando VIl, don Carlos y sus partidarios habían propiciado una insurrección militar que derivó en la primera guerra carlista(1833-1840).El primer presidente del Gobierno durante la regencia de María Cristina fue Francisco Cea Bermúdez, jefe del último Ejecutivo de Fernando VIl.Impulsó reformas de carácter administrativo, como la división del Estado en 15 regiones y 49 provincias, en 1833, ejecutada por el ministro de Fomento Francisco Javier de Burgos.El liberalismo pronto puso en entredicho las políticas de Cea Bermúdez,que consideraba propias del despotismo ilustrado e insuficientes para alcanzar la construcción de un Estado liberal. En enero de 1834 el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa sustituyó a Cea Bermúdez y adoptó decisiones de calado. Así, procedió a la disolución de la jurisdicción gremial para favorecer la libertad de fabricación y de comercio;decretó la supresión de todos los conventos masculinos de los que hubiera salido aunque fuera un solo fraile para unirse a la causa carlista, y concedió amnistías a los liberales exiliados en Londres y París para huir de la represión absolutista.

En 1834 se promulgó el Estatuto Reat, una ley que hacia las veces de Constitución, pero no habla sido redactada por representantes de la nación. Por el contrario, era una carta otorgada por la monarquía, que se reservaba numerosas atribuciones políticas, como la capacidad exclusiva para convocar, suspender y disolver las Cortes. Estas estaban integradas por dos cámaras: la de los Próceres, formada por altos cargos eclesiásticos, aristócratas y latifundistas designados por la Corona con carácter vitalicio; y la de los Procuradores, compuesta por representantes elegidos mediante sufragio censitario muy restringido?A partir de julio de 1834 la inestabilidad política se hizo muy evidente. A los problemas económicos y militares derivados de la guerra carlista, se unió una epidemia de cólera morbo que desembocó en una feroz reacción antieclesiástica, con la quema de numerosos conventos, pues entre las clases populares corrió el rumor de que los frailes habían envenenado el agua. Las algaradas fueron muy sangrientas en Cataluñà, donde en ocasiones adquirieron un componente ludita (destrucción violenta de maquinaria por parte de artesanos y obreros). En este contexto, Martínez de la Rosa, presionado por los liberales progresistas, en gran medida instigadores de las revueltas, dimitió en junio de 1835.Lo sustituyó José María Queipo de Llano, conde de Toreno, quien, pese a la represión, no pudo sofocar las protestas del liberalismo progresista.Tres meses después, en septiembre de 1835, Toreno dimitió y el liberalismo progresista alcanzó el poder, con el banquero y hombre de negocios Juan Álvarez Mendizábal como jefe del Ejecutivo. Alvarez Mendizábal, que adoptó unas formas de gobierno prácticamente dictatoriales emprendió una serie de reformas tendentes a la desarticulación del Antiguo Régimen y la consolidación del Estado liberal. Entre otras medidas,creó las diputaciones provinciales, reorganizó las milicias nacionales y suprimió la Mesta.

La desamortización de Mendizábal 

Su acción más atrevida fue el proceso desamortizador, que puso a la venta bienes de la Iglesia y tierras comunales. El objetivo era doble: por una parte, llevar a cabo una reforma agraria que permitiese la aparición de una nueva capa social con capacidad de invertir y generar riqueza y, por la otra, recaudar dinero para destinarlo a corregir el alarmante déficit de la Hacienda pública y a derrotar las tropas carlistas.Sin embargo, el Gobierno no logró ninguno de estos propósitos. La deuda pública siguió creciendo y las tropas gubernamentales aún tardarían cuatro años en vencer a los sublevados carlistas. Por otro lado,las propiedades subastadas fueron adquiridas por las clases pudientes(burguesía y aristocracia), que consolidaron su posición social y económica a costa de elevar la presión sobre un campesinado que no pudo acceder a la propiedad de la tierra y, además, perdió las tierras comunales que hasta entonces podía explotar. En cualquier caso, la regente consideró demasiado profundas las medidas de Álvarez Mendizábal y en mayo de 1836 lo destituyó y encargó la formación del Gobierno al moderado Francisco Javier de Istúriz.Este cambio de tendencia del Gobierno disgustó a los sectores progresistas, que protagonizaron varias revueltas populares hasta que el motín militar de La Granja, en agosto de 1836, forzó a la regente a aceptar la Constitución de 1812 y a formar un nuevo Gobierno progresista, encabezado por José María Calatrava y con Álvarez Mendizábal como ministro de Hacienda.

Pronto se desato un debate acerca de la conveniencia de adaptar la constitución de 1812 a los nuevos tiempos, lo que condujo al proceso de redacción de la Constitución de 1837, un texto que, pese a haber sido impulsado por el liberalismo progresista, a la postre resulto ser más moderado que la Constitución de Cádiz en cuanto a libertades. La consitución de 1837 estipuló que la Corona y las Cortes compartirían la soberania y que las Cortes iban a estar formadas por dos cámaras, el congreso y Senado, elegidas mediante sufragio censitario.Las elecciones que siguieron al proceso constituyente de 1837 dieron de nuevo la victoria al liberalismo moderado, y en un breve lapso de tiempo se sucedieron tres Gobiernos diferentes. La acción de gobierno más relevante y a la vez controvertida de este periodo fue la ley municipal, una medida centralizadora tendente a eliminar la independencia de los ayuntamientos en beneficio del poder estatal.La oposición de los progresistas a la nueva ley municipal fue total, lo que derivó en levantamientos callejeros y motines. Ante tal estado de cosas,en 1840 la regente María Cristina, después de sancionar la ley disolvió las Cortes y cedió la regencia al general Baldomero Espartero, un militar progresista de enorme prestigio e influencia gracias a su liderazgo en el triunfo gubernamental sobre las fuerzas carlistas sublevadas desde 1833.

1.3. La regencia de Espartero (1840-1843)

 El carisma gracias al cual Espartero había alcanzado la regencia empezó a diluirse rápidamente desde el mismo momento en el que accedió al cargo. Por una parte, en la discusión parlamentaria sobre la conveniencia de una regencia personal o múltiple se impusieron los partidarios de que fuese el general quien asumiera el cargo en solitario (los llamados ayacuchos, puesto que eran militares que habían participado en la batalla de Ayacucho durante las guerras de independencia de las colonias americanas), lo que le valió la enemistad y desconfianza del otro bando.Además, el liberalismo progresista tampoco se mostró conforme con las formas expeditivas usadas por Espartero para mantener el orden público. Del mismo modo, se opuso a sus intentos de someter la prensa a censura, de controlar las milicias nacionales y de restringir las actividades de las sociedades obreras. El liberalismo moderado, por su parte, se vio apartado de los cargos públicos, y empezó a conjurarse para recuperar el poder político por la fuerza. Así, en 1841 tuvo lugar un pronunciamiento protagonizado por militares moderados, aunque finalmente no alcanzó el objetivo de derrocar a Espartero.En Barcelona se generó otro frente de oposición al general progresista a raíz de las medidas económicas librecambistas impulsadas por el Gobierno, que dañaban los intereses de la burguesía industrial. Además,en noviembre de 1842 la negativa a pagar unos impuestos de acceso a la ciudad degeneró en una fuerte algarada, Para pacificar la capital catalana, Espartero ordenó bombardear la ciudad desde el castillo de Montjuïc.Totalmente cuestionado y sin apoyos reales, en julio de 1843 Espartero no pudo oponerse a la conspiración entre progresistas y moderados, que acabo sustituyéndolo por el militar liberal moderado Ramón María Narvaez.

1.4. La década moderada (1844-1854)

 La caída en desgracia de Baldomero Espartero precipito la coronación de Isabel11, que entonces tenia 13 años de edad. Con) Narváez a cargo de la jefatura del Ejecutivo, en el mes de mayo de 1844 se inicio un periodo de diez años de Gobiernos moderados. Esto permitió la consolidación de un Estado liberal, basado en la preponderancia del orden sobre las libertades públicas, la limitación del derecho del sufragio y la defensa de la propiedad privada. Fue, con todo ello, una etapa caracterizada por las reorganizaciones administrativas, burocráticas, educativas y fiscales en un clima de relativa estabilidad política y de cierta bonanza económica. 

La Constitución de 1845

Una de las herramientas en las que se basó la construcción del Estado liberal moderado fue la Constitución que se promulgó en 1845. Aunque jurídicamente fue presentada como una reforma de la de 1837, su contenido político era mucho más conservador por lo que procede referirse a ella como una nueva carta magna.La Constitución de 1845 suprimió la soberanía popular; esta pasó a ser una atribución compartida por el rey y las Cortes. Además, se restringió el censo electoral al elevarse el requisito del límite patrimonial de los electores. Por otra parte, la Corona recuperó la potestad exclusiva de convocar las Cortes y se limitaron derechos como las libertades de expresión y de reunión. 

La organización del Estado liberal

Los diferentes Gobiernos moderados de este período llevaron a cabo una tarea de racionalización, uniformización y centralización de las estructuras estatales, una tendencia política heredada del absolutismo de comienzos del siglo XvIll.Así, en el año 1845 se impulsó una ley para el control de los ayuntamientos, que concedía al monarca la potestad de escoger a los alcaldes en los municipios de más de 2000 habitantes, mientras que el jefe político provincial elegía los máximos cargos municipales de los municipios menores. También en 1845 se promulgó la ley sobre provincias por la que estas quedaron subordinadas al poder central mediante la ampliación de las facultades de los jefes políticos provinciales, que eran los gobernadores civiles. Las únicas excepciones a esta regla fueron las provincias vascas y Navarra, que pudieron mantener la integridad de sus derechos forales.También en 1845 se llevó a cabo una reforma fiscal de la mano del ministro de Hacienda Alejandro Mon. Gracias a esta se reorganizaron los múltiples impuestos heredados de la época del Antiguo Régimen y se mejoró el sistema de recaudación. Además, se distinguió entre impuestos directos, aplicados a la renta y al patrimonio, e indirectos, que gravaban los bienes de consumo.Ese mismo año se reorganizó la enseñanza pública a través del conocido como Plan Pidal, que ordenó la creación de escuelas en todo núcleo poblacional con más de quinientos habitantes y que organizó la educación en dos bloques; primaria y secundaria. La última quedó prácticamente restringida a las clases sociales más pudientes.

La reforma educativa, elaborada por el historiador y entonces ministro de gobernación Pedro José Pidal, perseguía la centralización del sistema mediante la elaboración de planes de estudio comunes para todos los territorios del Estado, la escolarización exclusiva en lengua castellana y la designación monárquica de los rectores universitarios.En materia de seguridad, en el año 1848 se elaboró un Código Penal que iba a permanecer en vigor hasta 1996. Además, cabe resaltar la creación, en 1844, de la Guardia Civil, un cuerpo policial de organización militar con la misión de mantener el orden público y defender la propiedad privada, especialmente en el ámbito rural. Con esta medida también se pretendía vaciar de sentido y disolver las milicias nacionales, unos cuerpos integrados por elementos populares armados que con cierta frecuencia se habían sumado a las algaradas revolucionarias de la década anterior.Durante la década moderada también se produjo una política de acercamiento y reconciliación del Estado con la Iglesia católica, después de que las relaciones quedaran muy deterioradas a raíz del proceso desamortizador de 1836. Así, mediante la firma del Concordato de 1851, la Iglesia aceptó el hecho ya consumado de las desamortizaciones y, en contrapartida, el Estado refrendó la fe católica como única de la nación española, asumió el carácter católico en la enseñanza y se comprometió al mantenimiento del culto y del clero mediante retribuciones económicas anuales.Por otro lado, los Gobiernos moderados de este período se dedicaron a la creación de una red de infraestructuras que permitiera fomentar el mercado económico interno y, de forma paralela, el desarrollo industrial.De este modo, entre 1851 y 1852, el Gobierno liderado por Juan Bravo Murillo llevó a cabo una ambiciosa política en obras públicas, consistente en la creación y reparación de caminos, el impulso de obras hidráulicas como las del canal de Castilla y la proyección de la canalización del Ebro hasta el mar o la del Lozoya, con la intención de abastecer de agua a la ciudad de Madrid.En el mismo sentido, tuvo lugar un gran desarrollo de las líneas férreas. En 1848 se inauguró el primer tramo de ferrocarril en la Península, entre Barcelona y Mataró. Tres años después, en 1851, se aprobó la ley de ferrocarriles, que estableció una red radial con centro en Madrid. Igualmente, con la ley de puertos y el desarrollo de las navieras se aspiraba a mejorar las comunicaciones marítimas.

La crisis del moderantismo

A lo largo de toda la década, los sectores progresistas trataron de hacer la oposición a la gestión politica de los moderados desde los escaños del Congreso, pero también desde las páginas de una prensa afín que frecuentemente era sometida a censura por parte de las estructuras gubernamentales. No obstante, eran conscientes de la imposibilidad de alcanzar el poder por medio de las urnas, debido a las restricciones y al control del sufragio, así como también a la evidente predilección de la Corona por los moderados.Por esta razón, la vía revolucionaria nunca fue desestimada, aunque no contó con posibilidades reales de éxito hasta comienzos de la década de 1854.Entonces, los efectos de una incipiente crisis económica fueron el sustrato de un clima de tensión social que acabó derivando en el pronunciamiento militar de 1854, protagonizado por los generales progresistas O'Donnell, Dulce y Ros de Olano.

1.5. El bienio progresista (1854-1856)

 En 1854 se produjo el levantamiento militar progresista en la localidad madrilena de Vicálvaro/(por lo que se conoce como Vicalvarada), aunque inicialmente no prosperó por la oposición de las tropas gubernamentales. Con la intención de sumar aliados progresistas, los sublevados publicaron un texto programático redactado por Cánovas del Castillo y firmado por O'Donnell, el Manifiesto del Manzanares; que recogía varias reivindicaciones del progresismo, como una mayor libertad de imprenta, la ampliación de la ley electoralio el restablecimiento de las milicias nacionales.La proclama tuvo eco en diversas capitales de provincia, que se sumaron abiertamente a la revuelta. Forzada por la situación, Isabel II solicito al general Espartero, por entonces retirado de la política, que formase Gobierno. En este nuevo Gobierno progresista presidido por Espartero, el general O'Donnell ocupó el Ministerio de Guerra.Una de las primeras medidas del Gobierno fue la restauración de la Constitución de 1837, mientras se reunía una comisión para la redacción de una nueva carta magna más progresista. El proyecto de la nueva Constitución reconocía una soberanía nacional de la cual tenían que derivar todos los poderes públicos, ampliaba los derechos públicos y aceptaba la práctica de otras religiones siempre que no atentasen contra la fe católica. Además, planteaba una nueva ley municipal que acabara 185 con la designación de alcaldes por parte de la Corona. En cualquier caso, esta Constitución, que debía ser aprobada en 1856, finalmente no resultó promulgada, pues las Cortes constituyentes fueron clausuradas en septiembre de dicho año por Isabel Il a petición de O'Donnell; de ahí que sea conocida como la «non nata».( constitución no publicada.Una importante medida legislativa del período fue la puesta en marcha de la desamortización impulsada por Pascual Madoz, en mayo de 1855. Este proyecto fue denominado desamortización total, puesto que afectaba tanto a los bienes civiles como a los religiosos. Los objetivos eran el saneamiento de la maltrecha Hacienda pública y la obtención de capital para el desarrollo del ferrocarril, y no tanto conseguir una mejor distribución de la propiedad de la tierra. Solo tuvieron acceso a los grandes lotes subastados individuos potentados y en ningún caso el pequeño campesinado, que vio empeorar su situación, por lo que se acrecentó su malestar. La desamortización tampoco fue vista con buenos ojos ni por los municipios ni por la Iglesia, que consideró que vulneraba el Concordato de 1851.Por otra parte, mediante la nueva ley general de ferrocarriles aprobada en 1855, se reforzó la construcción de una red radial de vías férreas,con centro en Madrid, mediante un sistema de subvenciones, concesiones y franquicias para la importación de materiales. Esto se tradujo en un gran incremento de inversiones de origen extranjero, especialmente francesas, que en apenas cinco años, entre 1855 y 1860, multiplicarian por tres el número de kilómetros de vías.Finalmente, la coalición de gobierno entre Espartero y O'Donnell entro en crisis por el enfrentamiento de este último con el ministro de Gobernación Patricio de la Escosura, que desconfiaba del general. La disputa acabó en junio de 1856 con la dimisión de Espartero y una fuerte reacción de protesta protagonizada por sus partidarios en Madrid, Barcelona y Valencia. O'Donnell, desde el Ministerio de Guerra, promovió una feroz represión contra los contestatarios y después, el 14 de julio, encabezo un nuevo pronunciamiento para restaurar el moderantismo.

1.6. El bienio moderado (1856-1858)

 El pronunciamiento supuso la restauración del mismo régimen que el propio O'Donnell habla contribuido a derrocar dos años antes. Ahora su intención era avanzar hacia una apertura ordenada del sistema político.Para ello, restauró la Constitución de 1845, aunque añadiéndole un Acta Adicional de 16 artículos que esencialmente restringía las potestades de la Corona en materia política Esto no agradó a Isabel II; quien en octubre de 1856 le retiró la confianza y lo sustituyó por Narváez) La primera disposición del general conservador fue derogar el Acta Adicional y retornar a las reglas de juego de 1845.La medida más importante del año en que Narváez estuvo al frente del Gobierno fue la ley de instrucción pública de 1857. Conocida como ley Moyano, por el ministro que la redactó, esta ley concedía a la Iglesia el derecho a la inspección de los contenidos de la enseñanza. El Gobierno organizó la enseñanza en tres grados, y esta regulación afectaba tanto a los centros públicos como a los privados. Al Gobierno le correspondía) diseñar los programas educativos, los libros de texto y, en definitiva, los contenidos. En Cataluña se alzaron voces que reclamaban un cierto grado de autonomía en el ámbito de la educación universitaria, pero las protestas fueron desestimadas. La ley Moyano iba a permanecer vigente hasta la Segunda República.El general Narváez también tuvo que hacer frente al malestar social y económico, que se materializó en forma de revueltas campesinas en Andalucía, alentadas por el Partido Demócrata. El asalto de cuarteles de la Guardia Civil y la quema de casas de personas pudientes tuvo como respuesta una contundente represión; más de un centenar de personas fueron condenadas a muerte o a trabajos forzados.En cualquier caso, Narváez no se sintió capacitado para dirigir el Ejecutivo en tal contexto de incertidumbre política y crisis económica, y presentó su dimisión en octubre de 1857. Le sucedieron los también moderados Francisco Armero y posteriormente, a partir de enero de 1858.Francisco Javier de Istúriz. Este período de inestabilidad gubernamental concluyó en junio de 1858, cuando Isabel Il requirió nuevamente los servicios de O'Donnell, quien regresé al frente del Gobierno para poner en marcha su proyecto de la Unión Liberal!